El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, va a elevar una moción al próximo pleno ordinario en la que va a instar al Gobierno de la Nación para que, a través de la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento, dé respuestas a las demandas reales de los profesionales del taxi.
De igual modo,, la propuesta incluye crear un marco legislativo que elimine el artículo 21 de la denominada “Ley Ómnibus” que pretende modificar la ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).
Martínez Andreo recordó que durante la pasada semana de diciembre fueron miles los taxistas que se movilizaron en toda España, convocados por las organizaciones profesionales más representativas del sector, exigiendo la retirada del artículo 21 de la denominada “Ley Ómnibus” que pretende modificar la ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).
También se refirió que el malestar generado entre los profesionales del sector se ha hecho extensible al municipio de Totana, cuyos representantes de la Asociación Profesional han trasladado recientemente su preocupación a la Alcaldía y la necesidad de trasladar sus inquietudes y demandas a los organismos competentes, de igual forma que han realizado las asociaciones libres y trabajadores autónomos del sector en el ámbito nacional.
La nueva situación legislativa que contempla la “Ley Ómnibus” perjudica gravemente a los taxistas, tal y como han manifestado las organizaciones que integran la Mesa Nacional del Transporte de viajeros que secundaron las movilizaciones celebradas, porque supone la creación de una actividad de taxi paralela y desregularizada.
El artículo 21 de esta norma supone la liberalización de los Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC´s) y las tarifas en las comunidades autónomas que no tengan transferidas competencias en materia de transportes, la autorización al transporte discrecional a realizar servicios sin limitación de origen o destino del servicio y sin limitación de número de vehículos autorizados.
Además, con el mantenimiento de este artículo, cualquier particular podría dedicarse al transporte de viajeros sin tener que regirse por el taxímetro ni por tarifas reguladas, con la inseguridad jurídica e indefensión que esto supondría para los clientes.
Para el alcalde, esta situación no supone una verdadera liberalización del sector como pretendía el Gobierno de la Nación, pues transpone la Directiva Europea de Servicios y ha suscitado el rechazo de la mayoría de las asociaciones de taxistas.
